En los sistemas democráticos representativos contemporáneos se considera como un elemento sustancial la existencia de partidos políticos, ya que se trata de entidades de interés público que tienen por objeto promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. De tal forma, el 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, en el cual, entre otras cuestiones, se estableció la creación de un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, competente para garantizar los derechos fundamentales al acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Sin embargo, hasta el 26 de enero de 2017, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la cual se reguló la competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como los principios, deberes y derechos en materia de protección de datos personales que deben cumplir los partidos políticos. En consecuencia, el presente documento pretende exponer las cuestiones más relevantes del tratamiento de datos personales efectuado por los partidos políticos, en el contexto de los procesos electorales, y los eventuales incumplimientos en que pueden incurrir, con el propósito de generar una reflexión que detone en acciones concretas para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales.