La expansión de la educación superior a distancia (EaD) y de modalidades híbridas aceleró la docencia remota en Iberoamérica, pero la regulación que reconoce la teledocencia como una forma específica de teletrabajo docente sigue siendo desigual y, con frecuencia, supletoria de normas diseñadas para la presencialidad. Este artículo presenta un análisis documental comparado de marcos nacionales de teletrabajo y normativas universitarias para identificar regímenes regulatorios, vacíos recurrentes y criterios mínimos institucionales aplicables a universidades con EaD. Con un diseño cualitativo, exploratorio y comparativo, se construyó una matriz por dimensiones que integra: medición de jornada y carga académica, derecho a la desconexión y reglas de comunicación, seguridad y salud en el trabajo y verificación del lugar, provisión de equipos y asignación de costos, protección de datos y ciberseguridad, supervisión por objetivos, derechos colectivos, formación/certificación y escenarios transfronterizos. Los hallazgos muestran alta heterogeneidad: aun donde existen avances nacionales, la traducción institucional para teledocencia es limitada, persistiendo lagunas en medición de carga, desconexión, SST/verificación, costos y provisiones transfronterizas. Se propone un checklist auditable de mínimos institucionales para fortalecer la gobernanza universitaria, mejorar la calidad de la EaD y proteger derechos laborales en teledocencia.